Cuando se fundó la ciudad de Santiago, en 1541, una de las prioridades fue la creación de normas que ayudaran a administrar la naciente colonia, que velaran por los fondos y la probidad en la conducta de las autoridades.

De esta forma, la autonomía de la función fiscalizadora de la gestión pública se fortaleció a partir del establecimiento de la Real Audiencia, inaugurada en 1567.

Sin embargo, en el siglo XVIII dicho organismo perdió importancia y sus atribuciones en la materia fueron asumidas por un organismo denominado Contaduría Mayor de Cuentas, dotado de facultades fiscalizadoras, consultivas y normativas.

Desde 1808 la Contaduría comenzó a funcionar y se transformó en el antecesor de los entes de control que, luego de la independencia, resguardarían los actos administrativos de la Nación.

Hacia 1869 se crea en reemplazo de ésta la Dirección General de Contabilidad. Posteriormente, en 1888, una nueva ley creó el Tribunal de Cuentas, que superó en atribuciones a todos los organismos contralores conocidos hasta entonces.

Entre 1891 y 1918, se desempeñó como Fiscal de dicho Tribunal, el ilustre jurista Valentín Letelier, cuyos dictámenes, junto con ser modelos de lógica, claridad conceptual y concisión, afirmaron principios significativos, como el de la legalidad, independencia de la función fiscalizadora y obligación de todos los servidores públicos de rendir cuenta de su gestión.

En 1925, el Gobierno de Chile contrató a un grupo de expertos financieros estadounidenses, liderados por Edwin Kemmerer, que propuso, entre otros proyectos, la creación de la Contraloría General de la República, a partir de la fusión de la Dirección General de Contabilidad, el Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Estadísticas y la Inspección General de Bienes de la Nación. Esta medida fue sometida a un análisis realizado por la Comisión Revisora presidida entonces por el Superintendente de Bancos, Julio Philippi, que le formuló indicaciones tendientes a armonizar sus ideas matrices e innovaciones con la legalidad y las prácticas administrativas del país.

De esta manera nació la Contraloría General de la República, en virtud del DFL Nº 400-Bis, del 26 de marzo de 1927. Tras su creación se han ido dictando una serie de disposiciones que han perfeccionado su organización y han configurado su estructura de funciones, atribuciones y potestades que actualmente posee.

Entre las más importantes está la reforma aprobada en 1943, que le otorgó rango constitucional a esta entidad fiscalizadora, además de la promulgación en 1953 de la Ley Orgánica de la Contraloría, la cual ha experimentado diversas modificaciones hasta la fecha.

Imágenes de Interés

Imagen 1: Documento de pago a funcionarios del Tribunal de Cuentas , organismo antecesor de la Contraloría General de la República,
firmado por don Bernardo O'Higgins.

Imagen 2: Decreto del Ministerio de Hacienda del año 1904, donde se consigna entre los trámites a la Toma de Razón trámite que correspondió efectuar al Tribunal de Cuentas y que distingue a la Contraloría General de los otros organismos fiscalizadores del mundo.