Nº 2954
17-01-2011
SOBRE REVISIÓN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DE DISTINTOS EXONERADOS POLÍTICOS, EX FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAP.
 
N° 2.954 Fecha: 17-I-2011
Se ha dirigido a esta Contraloría General la Asociación Nacional de Exonerados Políticos de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, representada por el señor José Cárcamo Barría, para solicitar un pronunciamiento respecto de situaciones previsionales que afectan a diversos exonerados políticos.

Requerido al efecto, el Instituto de Previsión Social manifiesta, respecto del bono extraordinario establecido en las leyes N°s. 20.134 y 20.403, que las situaciones previsionales en comento serán analizadas una vez que pueda acceder a los expedientes previsionales correspondientes por cuanto no se ha tenido disponibilidad oportuna de éstos a causa del terremoto que afectó al país en febrero de 2010. Sin perjuicio de lo anterior, señala que si el titular de dicho bono ha fallecido entre el 1 de marzo de 2005 y el 22 de noviembre de 2006 no tendría derecho al mismo, por no cumplir con la exigencia establecida en el inciso segundo del artículo 1° del decreto N° 18, de 2007, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, establece que los certificados de rentas emitidos por ENAP, de acuerdo a lo resuelto por esta Contraloría General, en su dictamen N° 43.043, de 2002, no pueden primar sobre antecedentes -como, por ejemplo, liquidaciones de sueldo-, del período en que ocurrió la exoneración.

Por otra parte, señala que el cálculo de las pensiones no contributivas de los exonerados políticos de la referida empresa petrolera debe determinarse de acuerdo a lo indicado en el inciso tercero del artículo 12 de la ley N° 19.234.

Finalmente, destaca que se han efectuado grandes esfuerzos para avanzar en la disminución de los tiempos de respuesta de dicho Instituto ante las consultas y para la concesión de los beneficios previsionales en comento.

Sobre la materia, es dable anotar, en primer término, en lo relativo a la revisión del caso de don Rubén Oyarzo Aguilar -que es una de las situaciones a que alude el dictamen N° 49.812, de 2009, de este origen-, que el artículo 1° de la ley N° 20.134, modificado por la ley N° 20.403, otorga un bono extraordinario a los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas del Estado, que hubieren sido exonerados por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 29 de septiembre de 1975, en la medida que sean titulares de una pensión no contributiva, por gracia, calculada de la forma que indica.

A su vez, el inciso segundo de dicho artículo dispone que no tendrán derecho al citado bono los beneficiarios de jubilaciones no contributivas, por gracia, que se hubieren acogido a las presunciones establecidas en el artículo 28 del decreto N° 39, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el reglamento de la ley N° 19.234, en virtud de las cuales estuvieren percibiendo el mencionado beneficio, calculado en función a los sueldos base de la Escala Remuneratoria del sector público vigentes a la fecha indicada en el señalado artículo, correspondientes a grados superiores al 2.

En este sentido, el inciso segundo del artículo 2° del decreto N° 18, de 2007, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el reglamento sobre concesión y pago de dicho estipendio, agrega que aquellos favorecidos que hubieren aceptado este bono, al no objetar su inclusión en la respectiva nómina de beneficiarios, así como también quienes lo percibieren materialmente, se entenderá que optaron por éste.

Así, la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora contenida, entre otros, en el citado dictamen N° 49.812, estableció que no procede reliquidar, de conformidad al artículo 28 del referido reglamento de la Ley de Exonerados Políticos, las pensiones no contributivas de aquellos que percibieron el bono extraordinario en comento, toda vez que se infiere que han optado por éste, a pesar de encontrarse pendiente una solicitud de aplicación de ese precepto reglamentario, que a la postre significare obtener esa pensión determinada con un grado superior al 2 de la aludida escala de sueldos.

Ahora bien, un nuevo estudio de los antecedentes del caso, ha llevado a la conclusión que el criterio jurisprudencial contenido en el dictamen señalado precedentemente, debe ser modificado.

En efecto, si se considera que la petición de reliquidación de la pensión con arreglo al citado artículo 28 del decreto N° 39, de 1999, efectuada previamente a la percepción del aludido bono y resuelta con posterioridad a ese evento, dio como resultado el que la misma debe calcularse con un grado superior al 2 del mencionado ordenamiento remuneratorio, y que la nueva determinación de la jubilación no contributiva rige, a lo menos, desde la solicitud respectiva -es decir, opera con efecto retroactivo, según se infiere de lo expresado en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.260-, procede entender entonces que el exonerado político que se encuentra en la situación descrita, nunca tuvo derecho al estipendio contemplado en la ley N° 20.134, al no cumplir uno de los requisitos fijados para esos efectos en el mencionado inciso segundo del artículo 1° de este último texto legal.

En ese contexto, cabe precisar que no resulta aplicable lo dispuesto en el citado inciso segundo del artículo 2° del decreto N° 18, de 2007, atendido que mal puede quedar a firme la percepción de un beneficio al que legalmente no se puede acceder.

Por lo demás, no corresponde privar a una persona de su derecho a obtener un beneficio no contributivo de mayor monto, por la demora en que hubiere incurrido la administración en reliquidar la pensión de la que es titular, sea sobre la base de la existencia de nue