Contraloría General de la República
Jurisprudencia


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Dictamen028884N14
Estado- NuevoSICarácterNNN
NumDict28884 Fecha emisión24-04-2014
AclaradoAplicado
ComplementadoConfirmado
ReconsideradoReconsiderado
Parcialmente
Origenes
División Jurídica
  
Referencias
215913/2013
 
Decretos y/o Resoluciones
-
 
Abogados
OAR
 
Destinatarios
Jorge Fernández Vargas
 
Texto
Se ajustó a la normativa la no renovación de la comisión de estudios que indica, otorgada por la Universidad de Chile
 
Acción Dictámen Año
Fuentes Legales
ley 18834 art/162 lt/a, dfl 3/2006 EDUCA art/59 inc/1
dto 4263/85 uchil art/1, dto 4263/85 uchil art/7
dto 4263/85 uchil art/4 lt/a, dto 4263/85 uchil art/8
dto 4263/85 uchil art/12
 
Descriptores
comisión de estudios, Facultad de Medicina, UCHILE
Texto completo_
 

N° 28.884 Fecha: 24-IV-2014

Don Jorge Fernández Vargas, ex funcionario de la Universidad de Chile, consulta sobre la no renovación de una ‘comisión de estudios’ en el extranjero que desarrollaba, y acerca del término de su designación a contrata en esa entidad, por causas ajenas a su voluntad. Agrega, que desde el 2006 trabajó en la Facultad de Medicina con una contrata de 44 horas semanales, y desde el año 2009 se desempeñó en el Instituto de Estudios Internacionales (IEI) con una jornada de ocho horas semanales.

Manifiesta que durante el año 2008 postuló a una ‘beca de estudios’ para el extranjero, administrada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), con el objeto de realizar un doctorado en Dinamarca, debiendo reincorporarse a las actividades que desarrollaba en esa casa de estudios superiores, la cual le habría otorgado el patrocinio institucional por el período completo del doctorado -esto es, por cuatro años-, indicando la mantención de sus condiciones laborales.

Agrega que el año 2011 se dio término a su contrata en la Facultad de Medicina, y que durante el segundo semestre del año 2012 el citado Instituto le solicitó sus antecedentes de avance académico para efectos de extender la referida comisión, situación que, según su parecer, es improcedente, sin perjuicio de lo cual ésta no se prorrogó y, además, no se renovó la contrata que tenía en esta última dependencia.

Asimismo, sostiene que la circunstancia de haberse otorgado, en un inicio, la citada comisión por un plazo de cuatro años, pero que en definitiva correspondía a solo tres años, según manifestó la aludida Universidad, le ocasionó perjuicios pues le hicieron incurrir en gastos extras por la ‘Fianza de Permanencia’ que tuvo que cubrir para estos efectos, estimando que procede la devolución de las sumas relativas al lapso contratado en exceso.

Requerido su informe, la Universidad de Chile expresa, en síntesis, que el recurrente ejercía un cargo académico, a contrata, por ocho horas semanales como Profesor Asistente en el IEI, unidad en la cual se le concedió y renovó la señalada comisión, entre el 14 de septiembre de 2009 y septiembre de 2012, con goce de remuneraciones.

Añade, que transcurridos tres años desde el inicio de la comisión en análisis, conforme a su normativa, el IEI solicitó al señor Fernández Vargas un informe de avance académico emitido por la institución donde desarrollaba sus estudios, con el fin de evaluar la extensión de la misma, sin que éste haya comunicado o adjuntado antecedentes sobre tal petición, razón por lo cual se procedió a finalizar su comisión, sin perjuicio de decidir no renovar su designación a contrata para el año 2013.

En relación a la fianza, expone que aquélla es una condición básica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas a sus estudios, por lo que no corresponde devolución por los gastos asociados a ella, la cual debía contemplar el total de haberes que recibía a la época de su emisión. Finalmente, precisa que el término de la contrata que el recurrente mantenía en la Facultad de Medicina, fue por ‘no ser necesarios sus servicios’, acorde a la calidad de dicho vínculo.

Por su parte, CONICYT informa que a través de su resolución exenta N° 164, de 2009, aprobó la adjudicación del Concurso de Becas de Doctorado en el Extranjero -Becas Chile-, Convocatoria 2009, seleccionándose al ocurrente, quien postuló con el patrocinio institucional de la Universidad de Chile. Asimismo, previene que mediante carta recibida con fecha 1 de octubre de 2013, el interesado solicitó la suspensión indefinida de su beca en atención a causas médicas, situación que se encuentra en examen.

Sobre el particular, la letra a) del artículo 162 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, preceptúa que los académicos de las Instituciones de Educación Superior, como es el caso del peticionario, se rigen por los estatutos de carácter especial que se dicten al efecto.

A su vez, el inciso primero del artículo 59 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación -que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile-, dispone que “Los académicos y funcionarios de la Universidad de Chile cualquiera que sea la tarea que desempeñen, tendrán la calidad de empleados públicos y se regirán por los Reglamentos que a su respecto dicte la Universidad.”.

Así, el artículo 1° del decreto universitario N° 4.263, de 1985 -que aprobó el Reglamento sobre Comisiones del Personal de la aludida Casa de Estudios Superiores-, indica que “Las comisiones que la Universidad de Chile encomienda a su personal deberán ajustarse a las disposiciones del presente reglamento.”. Enseguida, la letra a) de su artículo 4°, consigna que las ‘comisiones de estudios’ son aquéllas que tienen por objeto la obtención de grados de magíster o doctor en universidades nacionales o extranjeras.

Luego, su artículo 7° precisa, en lo pertinente, que las ‘comisiones de estudios’ conducentes a un doctorado podrán tener como duración máxima tres años continuados y que “No obstante lo anterior, en casos calificados por la autoridad que dispuso la comisión y debidamente acreditados mediante el informe enviado por el organismo o institución donde cursa sus estudios, podrán concederse prórrogas del plazo señalado.”.

En este sentido, su artículo 8° establece que “El académico comisionado, deberá informar semestralmente a la autoridad del organismo al que pertenece de los avances realizados y cuando corresponda deberá acompañar documentos oficiales emanados del organismo o institución en que realiza sus estudios.”.

A continuación, el artículo 12 del anotado decreto universitario señala, en síntesis, que el académico beneficiado con una ‘comisión de estudios’ con goce de remuneraciones, tendrá la obligación de continuar desempeñando su cargo una vez finalizada ésta, no pudiendo renunciar o hacer abandono de sus labores antes de haber transcurrido un plazo igual al doble de aquél por el cual hubiese estado comisionado, a menos que reintegre el doble de las remuneraciones percibidas en ese período y las sumas que la Universidad destinó al pago de los derechos de inscripción y matrícula, si correspondiere -lo mismo sucede cuando por cualquier causa imputable al servidor, se terminaren sus tareas en la Universidad, previo al lapso mencionado-, debiendo rendir fianza para asegurar el cabal cumplimiento de tal obligación, por el total de sus emolumentos.

En este contexto, de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que mediante el decreto exento N° 22.483, de 2009, el Director del IEI concedió entre el 14 de septiembre al 31 de diciembre de esa anualidad, la ‘comisión de estudios’ al señor Fernández Vargas en su condición de académico, profesor asistente, a contrata por ocho horas semanales, para la realización del doctorado en el extranjero que indica, el cual tendría una duración de cuatro años.

Además, esa comisión fue prorrogada sucesivamente hasta el 30 de septiembre de 2012, y que habiéndose requerido mediante carta fechada el 11 de octubre de 2012 -en armonía con el artículo 7° del anotado reglamento-, un informe de avance académico de la institución que impartía dichos estudios, tal antecedente no fue remitido por el ocurrente.

Luego, para asegurar la continuidad en el desempeño de su cargo una vez finalizado su perfeccionamiento académico, el peticionario contrató la pertinente ‘Fianza de Permanencia para Funcionarios Públicos’, la que, en el artículo 1° de sus condiciones generales señala que ésta tiene como objetivo ‘garantizar al asegurado la permanencia del afianzado en su respectiva institución o escuela’ durante el lapso de su vigencia.

Así, considerando que el Director del IEI dispuso una ‘comisión de estudios’ al recurrente -relacionada al beneficio obtenido del ‘Programa Becas Chile’-, por un máximo de tres años conforme a la normativa reglamentaria expuesta, aquél, además de comunicar semestralmente a dicha autoridad los avances realizados, debía al término de ese trienio gestionar y acompañar el pertinente informe de la institución extranjera en la cual cursaba sus estudios, a fin de optar a la prórroga del plazo para continuar los mismos hasta su finalización, situación que no consta en la especie.

De esta manera, esta Entidad de Control no observa irregularidad en la determinación de la Universidad de Chile al establecer la improcedencia de renovar la señalada comisión.

Por otra parte, y en relación con el cese de la designación a contrata del interesado, es necesario prevenir que el desarrollo de una ‘beca de estudios’ no impide el ejercicio de las atribuciones que posee la autoridad para poner término a un empleo a contrata, pues tal circunstancia no constituye una causal legal de inamovilidad para ese tipo de vínculo de carácter transitorio, porque si bien para hacer uso de esa prerrogativa el postulante contaba con el patrocinio del IEI, en el cual éste se comprometía a mantener sus condiciones laborales, esto solo es vinculante tratándose de quienes ejercen cargos titulares, condición que no concurre en la especie (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 12.567, de 2007; 56.571, de 2009; 34.182, de 2011 y 32.139, de 2013).

Finalmente, no corresponde emitir un pronunciamiento acerca de la devolución de los montos de la prima pagada por el peticionario, concernientes a la póliza de fianza contratada por éste, por cuanto se trata de un aspecto propio del acuerdo de voluntades celebrado entre aquel ex funcionario y la pertinente compañía de seguros, que debe ser resuelto por las partes intervinientes (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 9.568, de 2009 y 42.851, de 2011).

Transcríbase a la Universidad de Chile y a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

Saluda atentamente a Ud.,

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República




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