Contraloría General de la República
Jurisprudencia


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Dictamen087163N15
Estado- NuevoSICarácterNNN
NumDict87163 Fecha emisión03-11-2015
AclaradoAplicado
ComplementadoConfirmado
ReconsideradoReconsiderado
Parcialmente
Origenes
Gabinete Contralor General
  
Referencias
232147/2014, 509017/2014
 
Decretos y/o Resoluciones
-
 
Abogados
-
 
Destinatarios
Luis Rojas Gallardo Prosecretario General Cámara de Diputados
 
Texto
Sobre retiro de aldeas de emergencia y abastecimiento de agua potable en diversas comunas de la región del Bío- Bío.
 
Acción Dictámen Año
Fuentes Legales
ley 18834 art/135 inc/2, ley 18834 art/143
 
Descriptores
Contraloría General de la República, facultades CGR, funciones
 
Texto completo
N° 87.163 Fecha: 03-XI-2015
Se ha dirigido a esta Contraloría General el Prosecretario General de la Cámara de Diputados, señor Luis Rojas Gallardo, mediante el oficio del rubro, quien a instancias del diputado señor Cristián Campos Jara, solicita a esta Entidad Fiscalizadora informe acerca de las razones por las cuales no se ha procedido al pago del contrato celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanización, SERVIU, de la Región del Bío-Bío y la sociedad Inversiones Chile S.A., para la ejecución de las obras denominadas “Erradicación de Aldeas de Emergencia de la Región del Bío-Bío”, así como, los convenios suscritos entre la Intendencia Regional del Bío-Bío y la empresa Transporte y Logística Chile S.A., por el “arriendo de camiones y camionetas aljibes”, necesarios para la distribución de agua potable en diversas comunas de la región.

1. Erradicación de Aldeas de Emergencia de la Región del Bío-Bío.


Al respecto, cabe señalar que el 14 de mayo de 2012, el SERVIU suscribió un convenio mandato con la Intendencia Regional del Bío-Bío, para la erradicación y cierre de 67 aldeas que se individualizan en el mismo, ubicadas en las comunas de Arauco, Cañete, Chiguayante, Coelemu, Coronel, Curanilahue, Lebu, Los Ángeles, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tirúa y Tomé, el cual fue aprobado por resolución exenta N° 5.264, de 3 de octubre de 2012.


En relación con lo anterior, el SERVIU, mediante resolución N° 177, de 23 de noviembre de 2012, aprueba la contratación directa de la empresa Inversiones Chile S.A., para la erradicación de 177 familias de aldeas de emergencia, en la Región del Bío-Bío.


Por otra parte, a través de la resolución N° 181, de 7 de diciembre de 2012, se sancionan las bases administrativas y técnicas, y anexos del proceso licitatorio destinado a la erradicación de 1.164 familias de aldeas de emergencia en las comunas de Arauco, Chiguayante, Curanilahue, Lebu, Penco, Talcahuano y Tomé.


Luego, por resolución exenta N° 1.140, de 11 de febrero de 2013, del SERVIU de la Región del Bío-Bío, ambos actos administrativos son dejados sin efecto, argumentándose en los considerandos del citado documento, que la Contraloría Regional del Bío-Bío no ha tramitado las resoluciones señaladas, debido a que las prestaciones a contratar son asimilables a obras y no a servicios, por lo cual correspondía aplicar lo dispuesto en el decreto supremo N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización y no el procedimiento establecido en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.


Posteriormente, la misma entidad emite la resolución N° 18, de 26 de marzo de 2013, que aprueba trato directo, con la empresa Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la erradicación de 189 familias de aldeas de la comuna de Arauco, la cual no prosperó y fue dejada sin efecto mediante resolución exenta N° 3.056, de 7 de junio de 2013 , por cuanto, por la urgencia con que se requería desarrollar dicha labor, los trabajos fueron contratados por la Oficina Regional de Emergencia, de la Región del Bío-Bío.


Enseguida, mediante resolución N° 10, de 6 de marzo de 2013, el SERVIU aprobó las bases administrativas especiales y técnicas, además de los anexos de dos nuevas licitaciones, bajo la denominación de “Erradicación de familias en aldeas de emergencia, Región del Bío-Bío, LP N° 1 a la N° 2”, publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, el 9 de abril de 2013, bajos los ID Nos 5407-25-LP13 y 5407-26-LP13, respectivamente, donde se contempla en el caso de la primera de ellas, el traslado de 332 familias de 14 aldeas ubicadas en las comunas de Arauco, Chiguayante, Cañete, Curanilahue y Lebu, y respecto a la segunda, 395 hogares de 9 aldeas pertenecientes a las localidades de Penco, Talcahuano y Tomé.


En este contexto, cabe señalar, que por resolución exenta N° 3.318, de 20 de junio de 2013, se dejó sin efecto el proceso de compras ID 5407-25-LP13, por cuanto se adelantaron los plazos establecidos para la entrega del proyecto de erradicación de algunas de las viviendas, debiéndose reevaluar una nueva contratación para el resto, cuya erradicación no sufrió variaciones en sus períodos de ejecución.


Referente al procedimiento de adquisición ID 5407-26-LP13, por resolución N° 40, de 30 de mayo de 2013, se acepta la oferta del contratista Rodrigo Iván Medina Donnay, por un monto de $ 440.011.756, contrato cuya fecha de término se estableció para el 30 de julio de 2015.


Ahora bien, en lo concerniente a la empresa Inversiones Chile S.A., el SERVIU ratifica lo señalado en el cuerpo del presente oficio, en cuanto a que mediante resolución N° 177, de 2012, se aprobó un trato directo por urgencia, con la citada sociedad, para la erradicación de 177 familias de diversas aldeas, el cual fue dejado sin efecto por resolución exenta N° 1.140, de 2013, por las razones antes expuestas.


Sin perjuicio de lo anterior, se constató que el SERVIU, a través de la resolución N° 13, de 7 de marzo de 2014, dispuso el entero de la suma de $ 1.140.251.579, a Inversiones Chile S.A., por la ejecución de obras de erradicación de aldeas conforme a la aprobación de un presupuesto presentado por la señalada empresa.


Luego, el señalado servicio remitió, en conjunto con el acto administrativo antes mencionado, la factura N° 30, de 25 de marzo de 2014, del proveedor ya indicado, además de otros antecedentes de respaldo, para gestionar el correspondiente estado de pago ante la Intendencia Regional, el cual fue objetado por esta última repartición pública, en atención, entre otros aspectos, a la omisión en el envío de todos los presupuestos asociados a los trabajos desarrollados, errores aritméticos, y a la falta de presentación de la respectiva boleta de garantía bancaria y del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la empresa aludida, procediendo en definitiva, a la devolución de dichos documentos al SERVIU.


Posteriormente, la citada empresa emitió la factura N° 32, de 8 de julio de 2014, por el monto de $ 1.140.251.580, procediéndose a su rechazo, y devolución, por oficio ordinario N° 1.317, de 10 de julio de 2014, de la Intendencia Regional, atendida la ausencia de un contrato de ejecución de obras entre el SERVIU e Inversiones Chile S.A., en el que establecieran los trabajos a desarrollar, la cantidad y el precio, entre otros, sin lo cual no era posible determinar el monto a pagar por las labores efectivamente ejecutadas, razones que, por lo demás, fueron reconocidas previamente por el SERVIU de la Región del Bío-Bío, en oficio N° 6.263, de 7 de julio de 2014, en el que se indicó además, que “terminada la revisión de los antecedentes y determinada la suma a pagar se oficiará a esa Intendencia para las gestiones correspondientes”.


Sobre el particular, la señora Verónica Hidalgo Contreras, Ex Directora Regional (P y T) del SERVIU, declaró a esta Contraloría Regional, que no se había realizado pago a la citada empresa y que no existía al respecto, contratación alguna conforme a la normativa del SERVIU. Indica además, que sólo hay antecedentes informales, no concluyentes, y no ajustados a los procedimientos de ese servicio, los cuales fueron mencionados en la resolución N° 13, de 7 de marzo de 2014, que disponía el pago al contratista Inversiones Chile S.A., acto administrativo que fue invalidado mediante resolución exenta N° 4.135, de 7 de noviembre de 2014.


Ahora bien, con motivo de las diversas irregularidades acaecidas en el proceso de erradicación, las cuales originaron errores y omisiones de procedimiento en la administración del convenio mandato, el SERVIU mediante resolución exenta N° 1.776, de 9 de mayo de 2014, ordenó la instrucción de un sumario administrativo, el que a la fecha de este oficio se encuentra aún en curso, conforme a lo señalado en correo electrónico, de 26 de agosto de 2015, de don Hernán Cárdenas Delgado, fiscal a cargo del proceso disciplinario.


En cuanto a la demora en la tramitación del procedimiento administrativo antes indicado, es dable hacer presente que el artículo 135, inciso segundo, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que tratándose de sumarios administrativos, la investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días, al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento.


A su vez, el artículo 143 del mencionado texto legal, establece que vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando éste afinado, la autoridad que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal.


Al respecto, cabe indicar que, en armonía con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 37.199, de 2009, de esta Entidad de Control, la demora en la instrucción de un proceso disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez, por cuanto no incide en aspectos esenciales del mismo, lo que no obsta a perseguir la responsabilidad administrativa de quién o quiénes originaron tal dilación.


En mérito de lo antes expuesto, el SERVIU de la Región del Bío-Bío, deberá adoptar a la brevedad las medidas tendientes a agilizar el sumario en comento, sin perjuicio de determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias que pudieren derivar de su tardanza.


En otro orden de ideas, consultada la Intendencia Regional del Bío-Bío, informa que con fecha 21 de abril de 2015, se efectuó la resciliación parcial del convenio mandato celebrado con el SERVIU el 14 de mayo de 2012, en lo relativo a las aldeas de emergencia “Cerro Verde”, “Lautaro”, “Ismael Jara” y “Las Heras”, de la comuna de Curanilahue; “Tirúa Urbano”, de la comuna de Tirúa; “San Carlos de Tubul” (Tubul II), “Tarpellanka” (Tubul I), y “Las Rosas” y “Rukapulafquenche” (Tubul III), de la comuna de Arauco; y “Nuevo Amanecer”, “Iglesia”, “El Esfuerzo”, “El Molino 1ª etapa” y “El Molino 2ª etapa”, de la comuna de Tomé.


El mencionado acto administrativo, fue aprobado a través de la resolución exenta N° 557, de 24 de abril de 2015, por la Intendencia Regional del Bío-Bío, y por resolución exenta N° 1.627, de 11 de mayo de 2015, del SERVIU; y se aplica exclusivamente a las aldeas de emergencia señaladas en el párrafo precedente.


Conforme a los antecedentes recabados, se verificó que la sociedad Inversiones Chile S.A., no ha formalizado contrato alguno con el SERVIU, entre los años 2012 y 2014, sin embargo, de acuerdo a la documentación tenida a la vista, se constató que la citada repartición pública, a través de Informe Técnico de 13 de febrero de 2014, sobre trabajos de erradicación de aldeas de emergencia 2013, elaborado por don Claudio Alarcón Espinoza, Jefe de Área Construcción, de la Unidad Técnica del Área de Construcción, del Departamento Técnico del SERVIU, y por don Francisco Merino Díaz, Director del SERVIU de la época, reconoce que Inversiones Chile S.A., efectuó faenas de erradicación de las aldeas de emergencias de las comunas de Arauco, Curanilahue, Tirúa y Tomé, indicando que dichas labores se desarrollaron de acuerdo a las necesidades imperantes en cada terreno y acorde a los montos establecidos en los presupuestos presentados por el contratista, ascendentes a $ 1.140.251.579, sin embargo, no contiene toda la información de soporte que verifique tal afirmación, como se expusiera en forma previa, en el cuerpo del presente oficio.


Se constató además, que el señalado reporte, fue utilizado como respaldo ante la Intendencia Regional del Bío-Bío para gestionar el pago de la ya citada factura N° 30, de 25 de marzo de 2014, emitida por Inversiones Chile S.A.


Ahora bien, conforme a un nuevo Informe Técnico preparado con fecha 26 de agosto de 2014, por los señores Emilio Acevedo Maldonado y Cristián Campos Yáñez, ambos funcionarios del Área de Construcción del SERVIU de la Región del Bío-Bío, respecto de 14 campamentos de las comunas señaladas anteriormente, concluyen que algunas aldeas no se encuentran erradicadas en su totalidad, quedando obras no terminadas, respecto a las partidas involucradas en el presupuesto, señalando que el monto a pagar por las obras ejecutadas por Inversiones Chile S.A., sería de $ 850.849.855.


De lo expuesto, se desprende que el SERVIU de la Región del Bío-Bío, durante el año 2013 utilizó los servicios de la empresa en análisis, sin formalizar administrativamente el respectivo requerimiento, además de no haber efectuado el desembolso correspondiente por los servicios prestados.


En esta materia, la reiterada jurisprudencia de este Órgano de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 46.201, de 2009, y 16.862, de 2010, ha sostenido que en virtud del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, el desempeño de un servicio para la Administración lleva aparejado el pago de los estipendios pertinentes, de manera que, de no realizarse éste, independientemente de que el contrato o la licitación respectiva hayan adolecido de irregularidades, se produciría un enriquecimiento sin causa.


Al respecto, el Intendente (S) de la Región del Bío-Bío, don Enrique Inostroza Sanhueza, informó que se efectuaron ante el SERVIU, numerosas gestiones jurídico-administrativas tendientes a dar solución al pago pendiente a Inversiones Chile S.A.


Es así, que tras la resciliación parcial del convenio mandato, la Intendencia de la Región del Bío-Bío a través de la resolución N° 7, de 19 de mayo de 2015, procedió a regularizar la prestación de servicios de desarme y traslado de aldeas, y despeje e inhabilitación de los terrenos por parte de Inversiones Chile S.A., autorizando el pago de $ 850.849.855, acto administrativo que fue tomado razón por parte de esta Contraloría Regional el 25 de agosto de 2015.


Atendido lo anterior, se desprende que el asunto motivo de la presente denuncia, se encuentra actualmente en vías de solución, debiendo la Intendencia Regional del Bío-Bío proceder a efectuar el pago por la suma señalada precedentemente a la empresa Inversiones Chile S.A., una vez que la empresa contratista presente la respectiva factura y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, tal como se indica en la cláusula cuarta de la citada resolución N° 7, de 2015.


2. Arriendo de camiones y camionetas aljibes para la distribución de agua potable a distintas comunas de la Región del Bío-Bío.


Respecto de los contratos de prestación de servicios por concepto de arriendo de camiones y camionetas aljibes para la distribución de agua potable a distintas comunas de la Región del Bío-Bío, celebrados entre la Intendencia Regional del Bío-Bío y la empresa Transporte y Logística Chile S.A., la autoridad regional informó, por oficio N° 932, de 2015, que atendida la emergencia producida por la escasez hídrica que afecta a la región, desde el año 2010, es que se han realizado tales convenios vía trato directo, los cuales son financiados con recursos transferidos por la Subsecretaría del Interior, previa solicitud efectuada por la Oficina Regional de Emergencias de la Región del Bío-Bío, añadiendo, que a la data de su oficio, se encontraba en tramitación el traspaso de fondos a fin de regularizar los servicios prestados desde junio a noviembre de 2014. Al respecto, cabe precisar que, a la fecha de esta fiscalización, se encontraban pagados los trabajos ejecutados desde el mes de junio a diciembre de 2014 y los correspondientes a los meses de enero a mayo de 2015, por un total de $ 6.185.966.543, cuyo detalle se muestra en el anexo N°1.


Ahora bien, en relación con la consulta formulada por el diputado señor Cristián Campos Jara, respecto al retraso en el pago de los servicios prestados por la empresa Transporte y Logística Chile S.A., correspondientes a los meses de junio a noviembre de 2014, la Intendencia Regional, informó que ello se debe a que una vez que fueron recepcionados los fondos de emergencia enviados por la Subsecretaría del Interior, se procedió a la escrituración del contrato, para posteriormente dictar la resolución que autorizó la contratación directa, aprobó el convenio y ordenó el pago, los que se concretaron los primeros meses del año 2015. En este punto, es dable anotar, que en el mes de enero del presente año, la Subsecretaría del Interior, remitió la suma de $ 2.839.496.605, para regularizar el período pendiente del año 2014.


Por otra parte, en lo que respecta al arriendo de camiones aljibes por el año 2015, la Intendencia Regional del Bío-Bío ha realizado dos contratos, el primero, con fecha 2 de enero de 2015, por los meses de enero y febrero, por un monto de $1.136.578.282, y el segundo, datado el 2 de marzo de igual anualidad, por el trimestre comprendido entre marzo y mayo del mismo año, por un valor máximo de $1.830.137.355.


Añade, que la determinación del monto real a pagar al proveedor por cada contrato, se efectúa una vez validados los días efectivamente trabajados y las multas a aplicar, de corresponder, procediendo al entero de los servicios, una vez recepcionados los fondos de emergencia desde la Subsecretaría del Interior.


De este modo, cumple con informar, que los servicios prestados por la empresa Transporte y Logística Chile S.A., en el año 2014 y los meses de enero a mayo de 2015, conforme con los antecedentes tenidos a la vista y a las validaciones efectuadas en terreno, al 27 de julio de 2015, se encontraban pagados, por cifras ascendentes a $ 3.846.486.020 y $ 2.339.480.523, respectivamente, cuyo detalle figura en anexo N° 1, y sólo se mantienen pendientes a la fecha, los relativos a los meses de junio y julio del presente año. De lo anterior, se desprende que la situación que motivó la presentación del recurrente, se encuentra actualmente regularizada.


Transcríbase al diputado señor Cristián Campos Jara, al Servicio de Vivienda y Urbanización, a la Intendencia Regional y a la Contraloría Regional, todos de la Región del Bío-Bío.


Saluda atentamente a Ud.,

Patricia Arriagada Villouta
Contralor General de la República
Subrogante


Glosario
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