CONTRALORÍA ENFATIZÓ SU ROL FISCALIZADOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES EN COMISIÓN DEL SENADO
12/01/2018

La Comisión de Hacienda, Educación y Cultura unidas se reunió para discutir el proyecto de Ley de Universidades Estatales.


El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, asistió a la Comisión de Hacienda, Educación y Cultura del Senado donde explicó la importancia que tiene para la Institución que lidera la fiscalización de los recursos públicos en las Entidades de Educación Superior, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Universidades Estatales que se tramita en el Senado.


En su intervención, el Contralor señaló que en 2016 el 49,65% de los recursos de la gratuidad fueron entregados a Universidades del Estado; un 35,4% a Universidades Privadas que pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUCH), y un 15% a Universidades Privadas, situación que se mantendría en 2017.


Sobre este punto, explicó que, de acuerdo a la indicación del Ejecutivo (N°474), entrega la fiscalización de la gratuidad a la Superintendencia de Educación Superior (SES) y que con ello “hay una tendencia a excluir de esa tarea a la Contraloría”. “Este año en la Ley de Presupuesto se asignaron más de $690 mil millones a la gratuidad y, por lo tanto, el rol de la Contraloría debería estar presente en el control de dichos recursos”, aseveró.


Otro de los aspectos abordados en su exposición, efectuada el 8 de enero, fueron las funciones y atribuciones de la Superintendencia que se establecen en la iniciativa. “Las superintendencias no reemplazan al rol que cumple la Contraloría en el resguardo de los recursos públicos y las facultades que se proponen para la SES en materia de interpretación del ordenamiento jurídico y de normativa contable se contraponen a las del Órgano Contralor”, dijo.


También se refirió a otros ámbitos del proyecto de ley, los que pueden afectar el resguardo de los recursos públicos en las Universidades del Estado. En este sentido, manifestó su preocupación por el retroceso que significa la iniciativa en la aplicación de la normativa de compras públicas. “Si planteamos que los recursos públicos deben ser controlados por la Contraloría independientemente del destinatario, la Ley de Compras Públicas debe aplicarse también a todo aquel que recibe recursos públicos y no como lo indica el proyecto”, enfatizó. 


La iniciativa legal establece que los actos de las Universidades del Estado no estarán afectos al trámite de Toma de Razón de la Contraloría General, salvo en algunos casos especificados. El Contralor dijo que “se ha manifestado que este trámite sería una limitación a la gestión de las universidades y no nos parece que la exención de la Toma de Razón sea la forma de darle mayor eficacia a la gestión de las universidades. Por el contrario, las entidades públicas exentas a este trámite son las que presentan mayores problemas por malas prácticas, errores y conductas contrarias a la probidad administrativa”. 


Planteó que, de un total de 25.362 documentos, el 93% de la toma de razón se realiza en menos de 15 días y que en 2017 el promedio de la toma de razón disminuyó de 12,9 a 11,9 días.


Acompañaron al Contralor el Jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic; el abogado asesor del Gabinete del Contralor General, Alejandro Valenzuela; la jefa de la Unidad de Estudios Legislativos, Pamela Bugueño y el abogado de la misma unidad, Nelson Salazar.


Por la Comisión estuvieron presentes su Presidente, Carlos Montes; y los Senadores, Andrés Allamand, Ricardo Lagos, Jorge Pizarro y Jaime Quintana. 


También asistieron la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga; y el Rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi.

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