Qué Hacemos

La Contraloría General de la República (CGR) es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, que está contemplado en la Constitución Política y es autónomo respecto del Poder Ejecutivo y de los demás órganos públicos. Controla la legalidad de los actos administrativos y resguarda el correcto uso de los fondos públicos.

Su labor es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, y tiene el objetivo de cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos.

La Contraloría tutela que la actividad de la Administración del Estado se ajuste al ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. También tiene un rol protagónico en la prevención de la corrupción, para lo cual impulsa diversas líneas de trabajo, tales como acciones colaborativas a nivel internacional, la capacitación a las instituciones públicas y el apoyo al cumplimiento de los servicios fiscalizados.

Respecto del patrimonio público, supervisa que sea correctamente administrado y que respete el ordenamiento vigente. Por mandato de la Constitución, debe fiscalizar el ingreso e inversión de los fondos públicos, junto con examinar y revisar las cuentas de los funcionarios que tienen a su cargo estos recursos.

Historia

Desde la Colonia y hasta el Chile Republicano, en Chile ha existido un conjunto de instituciones que tuvieron como propósito esencial la fiscalización, administración, contabilidad y control, y que fueron precursoras de la Contraloría General de la República. Las más relevantes son la Real Audiencia, la Contaduría Mayor de Cuentas, la Dirección General de Contabilidad y el Tribunal de Cuentas.

La Real Audiencia, Supremo Tribunal de Justicia en América que tuvo especial relevancia por sus atribuciones contraloras, surgió en la Colonia, instalándose en 1567 en Concepción; y en 1609 en Santiago.  Fortaleció la autonomía de la función fiscalizadora de la gestión pública. Perdió relevancia en el siglo XVIII y fue suprimida tras el triunfo patriota en Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. Sus atribuciones las asumió la Contaduría Mayor de Cuentas, organismo contralor y contable por excelencia, y que -según una ordenanza del 18 de mayo de 1839- fue el precedente de los organismos de control que, tras la Independencia, resguardaron los actos administrativos de la Nación. Fue la primera institución que antecedió de forma directa la labor de la Contraloría General. Contó con una atribución jurídica de gran importancia: el trámite de la toma de razón, que después ejercieron en forma más amplia el Tribunal de Cuentas y la Contraloría.

Una reforma a los servicios de Hacienda consagró legalmente, el 22 de diciembre de 1875, a la Dirección General de Contabilidad, que había sido creada en 1869. En 1888 una ley orgánica estableció el Tribunal de Cuentas, que superó en atribuciones a los organismos contralores conocidos hasta ese momento. El destacado abogado Valentín Letelier Madariaga, calificado como “un constructor de la República” por su aporte al país, fue Fiscal de dicho Tribunal entre 1891 y 1918. Sus dictámenes, de gran claridad conceptual y rigor jurídico, marcaron el Derecho Administrativo por más de un siglo e instauraron los principios de legalidad, independencia de la función fiscalizadora y la obligación de los servidores públicos de rendir cuenta de su gestión.

En 1925 tuvo lugar un hito para la Contraloría al contratar el gobierno chileno a un grupo de expertos financieros estadounidenses, liderados por Edwin Kemmerer, reconocido profesor de la Universidad de Princeton y asesor de gobiernos en temas bancarios y monetarios. La “Misión Kemmerer” propuso la creación de la Contraloría General de la República, suprimiendo la Dirección General de Contabilidad, el Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Estadísticas y la Inspección General de Bienes de la Nación.  “La labor que realizan estos organismos será entregada a la Contraloría y realizada por ella”, planteó. Tras ser analizada la propuesta por una Comisión Revisora -presidida por el Superintendente de Bancos, Julio Philippi- el Decreto con Fuerza de Ley N° 400 bis creó la Contraloría General de la República, el 26 de marzo de 1927. Este decreto fue modificado después por diversas disposiciones que perfeccionaron sus funciones, atribuciones y potestades. Entre las más importantes están la reforma de 1943, que le otorgó rango constitucional y mayor autonomía e independencia; y su Ley Orgánica, que fue promulgada en 1953, con cambios sucesivos para introducir mejoras.

Funciones

 

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