Qué Hacemos

La Contraloría General de la República (CGR) es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, contemplado en la Constitución Política, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Es esencialmente una entidad que controla la legalidad de los actos de la Administración del Estado y resguarda el correcto uso de los fondos públicos, con independencia del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.

La labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, con sujeción a los procedimientos que la ley contempla y utilizando los recursos públicos eficiente y eficazmente.

Historia

Desde el período de la Colonia, pasando por el proceso de Independencia y hasta la  conformación del Chile Republicano, han existido distintas instituciones dedicadas a materias de fiscalización, administración, contabilidad y supervisión, entre las que podemos nombrar: La Real Audiencia, La Contaduría Mayor de Cuentas, La Dirección General de Contabilidad, El Tribunal de Cuentas.

En los años cercanos a la fundación de la ciudad de Santiago (1541), se conformó el organismo llamado Real Audiencia, institución que tuvo la tarea de establecer una mayor autonomía en la función fiscalizadora de la gestión pública. En el siglo XVIII este órgano comenzó a perder importancia y sus atribuciones fueron asumidas por la Contaduría Mayor de Cuentas. Institución dotada de facultades fiscalizadoras, consultivas y normativas. A partir de 1808 la Contaduría se convierte en el precedente de los organismos de control del país, entidades que luego de la Independencia serían los encargados de resguardar los actos administrativos de la Nación. Es la primera institución que antecede de forma directa la labor de la Contraloría General de la República.

Hacia 1869 se crea la Dirección General de Contabilidad, en reemplazo de la Contaduría Mayor de Cuentas. Sólo duró hasta el 1888, fecha donde se establece por ley El Tribunal de Cuentas que termina por superar en atribuciones a todos los organismos contralores conocidos hasta ese momento. Entre 1891 y 1918, el ilustre jurista Valentín Letelier se desempeña como Fiscal del mencionado Tribunal, que a través de sus dictámenes establece un verdadero modelo de lógica, claridad conceptual y concisión, instaurando principios significativos como el de legalidad, independencia de la función fiscalizadora y obligación de todos los servidores públicos a rendir cuenta de su gestión.

En 1925, durante el gobierno del Presidente Arturo Alessandri Palma, el Gobierno de Chile contrató a un grupo de expertos financieros estadounidenses, liderados por Edwin Kemmerer, quien propuso la creación de la Contraloría General de la República a partir de la fusión de la Dirección General de Contabilidad, el Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Estadísticas y la Inspección General de Bienes de la Nación.  La medida fue analizada por la Comisión Revisora, presidida entonces por el Superintendente de Bancos, Julio Philippi, quien le formuló indicaciones tendientes a armonizar sus ideas matrices, e innovar en la legalidad y las prácticas administrativas del país.  Así nace la Contraloría General de la República, en virtud del DFL Nº 400-Bis del 26 de marzo de 1927, decreto que tras su creación fue modificado por una serie de disposiciones que perfeccionan y conforman su actual estructura de funciones, atribuciones y potestades. Entre las disposiciones legales más importantes que han modificado el organismo está la reforma aprobada en 1943, que otorga rango constitucional a esta entidad fiscalizadora, además de la promulgación en 1953 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que desde su aparición ha experimentado diversas modificaciones. 

Funciones

 

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